La transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje hacia los Tribunales del Poder Judicial de la Federación en materia de justicia laboral


En abril de 2016, el Presidente de la República envió a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma constitucional a través de la cual se buscaba modificar los artículos 107 y 123 constitucionales, en el marco de las reformas enfocadas al mejoramiento del sistema de justicia laboral. Esta reforma plantea una modificación sustancial al derecho laboral, en específico a sus aspectos procesales, a través de la incorporación a los poderes judiciales, tanto locales como federal, de las funciones que desde la promulgación de la Constitución de 1917 han ejercido las juntas de conciliación y arbitraje.1 Esta iniciativa de reforma constitucional fue aprobada y se promulgó el 24 de febrero de 2017, entró en vigor al día siguiente a su promulgación, y otorgó un periodo de un año para que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales adapten la legislación y hagan las adecuaciones necesarias para su implementación.

La reforma reconoce la situación actual de las juntas de conciliación y arbitraje tanto a nivel local como en la federación. El trabajo de estas juntas ha provocado que la justicia laboral sea “lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable”, al tiempo que provocan “parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad.” Los que tenemos experiencia en litigio laboral sabemos que esa es una realidad.

Usualmente, un litigio laboral típico en México se desenvuelve de la siguiente manera: Un trabajador separado de su empleo (ya sea con justa causa o no) presenta demanda ante la Junta a través de su apoderado legal (quien hasta hace poco no era requerido por ley que fuera abogado). La Junta da ingreso a la demanda, y señala fecha y hora para audiencia de conciliación, la cual es notificada a la parte patronal. En esta primera audiencia, una de las partes presentará una propuesta de arreglo a la otra parte, siempre y cuando ambas partes quieran seguir con el proceso de mediación. Ambas partes posteriormente solicitarán a la Junta que difiera la audiencia ya que se encuentran en pláticas conciliatorias. Esto da inicio a una serie de audiencias en las que las partes comparecen, hacen alguna contraoferta, y solicitan el diferimiento de la audiencia. Este vals acaba cuando alguna de las partes decide dar por terminado esto, y accede a la oferta de la contraparte.

En nuestra experiencia, sin que esto necesariamente signifique un promedio o la situación prevalente, un representante legal de la parte trabajadora cobra hasta el 30% del monto que obtenga, mientras que los abogados de la parte patronal suelen trabajar bajo un esquema de iguala para la empresa. La mayoría de los arreglos que se dan a través de las Juntas son por montos inferiores a los que le corresponderían al trabajador por una liquidación conforme a la ley, sobre los cuales hay que deducir los honorarios mencionados anteriormente y considerar el tiempo que toman en resolverse. Es decir, partiendo de la compensación que corresponde conforme a la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, usualmente para los trabajadores este escenario resulta en una pérdida económica. Para la parte patronal, la ganancia o pérdida depende de cuánto logren ahorrarse en la liquidación frente a los honorarios o iguala de su abogado. Para el estado, las juntas de conciliación y arbitraje requieren altos presupuestos para su mantenimiento, a pesar de contar con infraestructura básica y con personal poco capacitado.

Este sistema, aunado a que los convenios fuera de juicio registrados ante las Juntas son preferidos sobre las liquidaciones y convenios privados, ha provocado que las Juntas sean órganos necesarios e ineficientes. El sistema acarrea un alto costo para los trabajadores, para el estado, y por lo general también para la parte patronal. Una receta perfecta para promover la corrupción y el abuso del sistema a través del ofrecimiento de soluciones simuladas por ambas partes.

La reforma constitucional busca que las actuales juntas de conciliación y arbitraje mantengan las funciones de conciliación como una etapa previa a la jurisdiccional. En el caso en que la conciliación no funcione, se pasará a la etapa jurisdiccional, la cual estará a cargo de los poderes judiciales locales y federal, por ser estos órganos especializados, en comparación con las juntas, las cuales están integradas por representantes de los trabajadores, de los patrones, y del gobierno. Se considera que la especialización de los poderes judiciales llevará a un trabajo más eficiente en la impartición de justicia laboral.

Es probable que la transición de las funciones jurisdiccionales de las juntas hacia los poderes judiciales tenga como resultado una disminución en la corrupción y en la ineficiencia del sistema. A su vez esta situación puede servir como disuasorio para acudir de manera recurrente a la jurisdicción, y promover de tal forma la mediación.

Si bien tal cambio en las funciones de resolución puede resultar en un mejor sistema de justicia laboral, este puede quedarse corto si no se incorporan cambios sustanciales en los incentivos que tienen las partes para actuar conforme a derecho antes de iniciar con el proceso de conciliación. Un sistema en el que acudir a órganos jurisdiccionales o de conciliación sea considerado como un último recurso generará menos pérdidas sociales que aquel en el que la conciliación y la jurisdicción son, por más eficientes que sean, etapas necesarias.

Uno de los retos principales de la transición será combatir el rezago que se tiene actualmente con los asuntos en las Juntas. Tan solo en la Junta Federal, de octubre de 2015 a octubre de 2016 los asuntos de carácter individual en trámite aumentaron de 425,503 a 442,261, lo cual representa un crecimiento del 3.9%. Si bien dicha cifra no es significativamente elevada, no es deseable que sigan incrementando los asuntos en trámite ante un sistema que busca transitar a otro modelo. Si bien diversos de éstos se encuentran ya en la etapa de ejecución, preocupa los incrementos en los asuntos en etapa de instrucción y de dictamen.

Otra consideración adicional es el costo que representarían los juzgados y el incremento que podría representar en términos de presupuesto. De acuerdo a la estadística judicial, en octubre de 2016 la carga de trabajo de los juzgados de distrito y tribunales de circuito ascendía a 401,831 mientras que la carga de trabajo de asuntos individuales de la JFCA fue de 442,261. Suponiendo que estas cifras son representativas de los demás meses de dicho año, pese a que los órganos del Poder Judicial mostraron una carga de trabajo equivalente a la de las JFCA, el presupuesto de gasto corriente de los aquellos en 2016 fue superior a los 52 mil millones de pesos, mientras que para la JFCA el presupuesto apenas llegó a los 907 millones de pesos.

Si bien una parte del tema presupuestal se podrá solucionar mediante la disuasión a la dilatación de los asuntos laborales ante la existencia de órganos más especializados, no deja de ser cierto que las cifras mostradas anteriormente señalan a que deberá de hacerse un esfuerzo grande en tema de presupuesto para la implementación de la reforma. El esfuerzo será mayor si se consideran los cambios presupuestales que deberán realizarse a nivel local.

El éxito del sistema de justicia laboral, en última instancia, depende de que se creen los incentivos y disuasivos necesarios para que tanto patrones como trabajadores, y abogados representantes de ambos actúen en el marco de la legalidad y utilicen a los órganos conciliatorios y jurisdiccionales como una herramienta para hacer valer derechos, y no como un paso necesario y a la vez costoso.


1 En adición a ello, la reforma constitucional también plantea la creación de un órgano descentralizado, con autonomía técnica y presupuestaria, encargado de las funciones de conciliación en materia federal y del registro de organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo.


Referencias:

CJF. Dirección General de Estadística Judicial. Estadística Nacional.

DOF. Decreto de Reforma Constitucional a los artículos 107 y 123 de la Constitución. 24/02/2017.

JFCA. Informe Anual de Labores 2016.

Presidencia de la República. Iniciativa de reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución.

SHCP. Presupuesto Federal de la Federación 2016.

Deja un comentario